Durante años, cada pago, ahorro o crédito que un colombiano realizaba quedaba atrapado en los sistemas cerrados de los bancos, sin que el usuario tuviera control real sobre esa información ni pudiera usarla a su favor. Ese modelo está cambiando.
El Decreto 0368 de 2026 marca un punto de inflexión en el sistema financiero colombiano: a partir de ahora, son los ciudadanos quienes deciden quién puede acceder a sus datos financieros, para qué y durante cuánto tiempo.
Un cambio que va mucho más allá de lo tecnológico y que puede convertirse en una herramienta de democratización económica para millones de personas que hoy siguen fuera del sistema financiero formal.
Liliana Patricia Sierra Moya, docente del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia, analiza en su más reciente columna publicada en La República el alcance real de esta reforma: qué cambia para los ciudadanos, qué obliga a hacer a los bancos y por qué este decreto puede ser la llave de acceso al crédito formal para trabajadores informales, pequeños comerciantes y jóvenes sin historial crediticio.
Uno de cada cuatro emprendedores colombianos que solicitó crédito terminó recurriendo al «gota a gota». ¿Puede el Decreto 0368 cambiar esa realidad? La docente Sierra explica por qué esta vez la respuesta podría ser sí.
